El rol de la justicia en la protección de los usuarios y consumidores

 

Por Flavio Ismael Lowenrosen[1]

 

Los usuarios y consumidores se encuentran en una situación de evidente debilidad ante y frente a los proveedores, por su carencia de conocimiento específico sobre la materia de la relación de consumo y por usualmente los sujetos pasivos del vínculo, ya que es el proveedor quien unilateralmente impone las condiciones.

 

Por ello, los usuarios requieren de una protección especial, la cual es de carácter normativo pero también institucionalizado, ya que se crean organismos con el fin de protegerlos y de, consecuentemente, imputar –de oficio o a petición de parte- y luego de garantir el debido proceso adjetivo, de corresponder, sancionar a los proveedores que vulneran los derechos de los consumidores.

 

Esta protección que le deben las autoridades estatales a los consumidores -mediante el dictado de normas o la creación de instituciones, como también a través de acciones positivas- es considerada en la Constitución Nacional[2], aunque creemos que si ello no estaría establecido en la norma la obligación existiría, ya que las autoridades públicas estatales deben adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica y, amén de ello, velar por el bien común y el interés público.

 

En este contexto de análisis inicial, podemos decir que a cada uno de los tres órganos de poder del Estado les cabe funciones diferenciadas como ser administrar, legislar e impartir justicia ante las presentaciones de los justiciables o como consecuencia de imputación del Ministerio Público Fiscal, todo ello sin perjuicio que todos los órganos de gobierno ejecuten función administrativa interna, ello a los efectos de posibilitar el funcionamiento de su propia organización interna –por ejemplo la que ejercen cuando contratan personal, adquieren bienes o servicios para regular su funcionamiento, cuando sancionan al personal, cuando dictan sus propios reglamentos de funcionamiento, etc.

 

Todos los órganos de gobierno deben arbitrar –en el marco de sus competencias- medidas en forma concreta a los fines de proteger y tutelar a los consumidores, tal como lo dispone la manda constitucional.

 

Por ejemplo, el órgano legislativo deberá sancionar leyes que tengan por finalidad tutelar los derechos de los consumidores, mediante la instauración de principios que apunten a ello y la creación de los institutos e instituciones necesarias para que puedan ejercerse las funciones de control y sanción a los proveedores que incumplan con sus obligaciones y pongan en riesgo la integridad jurídica de los usuarios y consumidores.

 

Por su parte, el órgano ejecutivo deberá arbitrar las medidas de rigor para que, en ejercicio de su función de policía, se apliquen las normas que regulan y protegen a los consumidores.

 

Y el órgano judicial deberá resolver las pretensiones de los consumidores –a nivel individual y colectivo- y de los proveedores, cuando haya conflictos entre las partes en el marco de una relación de consumo, o cuando las autoridades administrativas hayan sancionado a los proveedores, quienes pueden acudir a la justicia apelando la sanción adoptada en sede administrativa.

 

El poder judicial, como órgano del Estado, debe adoptar medidas concretas y reales en pos de la protección de los consumidores, como órgano del Estado y como autoridad que debe proveer a la protección de esos derechos.

 

En este contexto, y antes de continuar con la actividad que le cabe al Poder Judicial en lo atinente a la protección de los consumidores, debe destacarse que la Constitución Nacional, no consagró el derecho de los usuarios y consumidores en abstracto y como una mera enunciación teórica, sino que situó a esa defensa, dentro de un contexto fáctico real, como ser dentro de la relación de consumo.

 

Al conferirle el constituyente rango constitucional a la tutela del usuario y del consumidor, no ha hecho más que admitir una realidad, como ser que todas las personas son usuarios y consumidores, como asimismo ha considerado el estado de indefensión en el cual se encuentran los usuarios.

 

El reconocimiento de la realidad por parte del constituyente, ha sido importante, trascendente, a fin de incorporar al mundo jurídico la problemática del usuario, frente a los desbordes en los cuales podrían incurrir los proveedores.

 

La tutela del usuario constitucionalmente consagrada es operativa. En este sentido, se ha sostenido que “La norma del artículo 42 de la Constitución Nacional pone en cabeza de los consumidores y usuarios derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad que se dicte una ley que los instrumente.”[3].

 

Los principios y derechos conferidos a favor de los consumidores deben ser un vehículo efectivo y real destinado a la tutela efectiva de los usuarios, y deberán tender a disminuir la desigualdad que “sobrevuela” en todo vínculo de consumo, ya que existe una diferencia cognitiva y hasta operativa, generalmente, a favor del proveedor.

 

Por ello, el órgano judicial debe intervenir –cuando se lo requiera- a los efectos de resolver con premura y encauzar una situación en la que los usuarios sean eventualmente vulnerados en sus derechos, por parte de los proveedores.

 

Así las cosas, lo trascendente, lo gravitante, es que, el control judicial que se efectúe con relación a los servicios o provisiones que son brindadas por proveedores, tenga por norte esencial tutelar, de modo íntegro, el derecho de los usuarios y consumidores, evitando, así, que se produzcan situaciones que consagren ilegitimidades o irregularidades o regímenes de iniquidad que agravien derechos constituidos y consagrados a favor de los consumidores y de los usuarios.

 

En este contexto, los jueces deben actuar ´con premura a fin de evitar daños a los usuarios y consumidores o con el objeto de reparar el daño que los proveedores o el propio Estado le han causado.

 

 Con relación a la relevancia que adquieren las posturas judiciales se ha sostenido que “...la Corte Suprema es a la vez un Tribunal y un poder del Estado, y como tal a través de sus pronunciamientos, gobierna paralelamente a los restantes poderes. Una sociedad...puede ser modelada no sólo a través de las leyes del Congreso sino también por las sentencias de la Corte”[4].

 

Por lo señalado, la actuación positiva de las autoridades, destinada a proveer la “...protección a los derechos de usuarios y consumidores para proteger la calidad y eficiencia de los servicios públicos...”, también “...alcanza a los jueces, que también son autoridades en cuanto órganos del Poder Judicial.”[5], como asimismo al órgano Legislativo y al Ejecutivo.

 

Entonces, el Poder Judicial tiene una función esencial e importantísima en lo concerniente a la protección de los consumidores, ya que como órgano del Estado, integrado por autoridades públicas, debe adoptar con la premura del caso las decisiones que resulten necesarias para prevenir daños a los consumidores y, también, con el objeto –cuando esos daños o perjuicios ya se han consumado- de repararlos en la forma más integra que fuese posible y con celeridad a fin de evitar que los daños se maximicen.

 

Pero para que esto fuese posible, sin cortapisas ni restricciones, sin decisiones ajenas a los preceptos constitucionales que reduzcan los derechos de los consumidores, es necesario un poder judicial independiente, que esté integrado por funcionarios elegidos por capacidad, en concursos transparentes en los cuáles no haya componendas[6], jueces aptos cognitiva y moralmente, que sean elegidos con base a sus antecedentes y conocimiento y, consecuentemente, posición en el concurso, y no por amiguismo o presiones cuando su orden final en el concurso no es en los primeros puestos[7], pues en estos casos el concurso se convierte en un trasto inútil, ya que el resultado es conocido de antemano[8], como si fuese una serie en la que ganan siempre los protagonistas. Un juez independiente podrá equivocarse, como todos, pero será imparcial y estará ajeno a cualquier presión.

 

Pero también es necesario que las asociaciones de consumidores defiendan con tesón los derechos de los consumidores, que no los resignen,[9] y que actúen –a pesar de la opinión de aquellos que le quieren dar sólo un valor testimonial[10]- con continuidad y constancia iniciando demandas en pos de evitar que se lesionen los derechos de los usuarios y-o, en caso que ello haya sucedido, de requerir con la mayor premura la reparación de estos.

 

Culminamos diciendo que un poder judicial independiente, integrado por funcionarios probos, es un reaseguro constante para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores, pues actuará sin someterse a las presiones que puedan provenir de quienes vulneran esos derechos.

Citar: elDial.com - CC5779

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